Hace unos días, desde el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), presentamos nuestro segundo informe sobre la situación de las violencias institucionales machistas en el Estado español, poniendo el foco, por primera vez, en su impacto sobre niñas, niños y adolescentes.
En este análisis recogemos 139 casos registrados en 2025 a través de nuestro canal de denuncia colectiva, de los cuales 44 sitúan a niñas, niños y adolescentes como víctimas centrales. En estos casos, identificamos que el 58,1% señalan al sistema judicial como principal institución implicada, consolidándolo también como el ámbito más señalado en el conjunto de los casos (60,7%, 8,7 puntos más que en 2024).
Este dato confirma una tendencia preocupante: la justicia no solo falla en la protección, sino que en muchos casos contribuye a la reproducción de la violencia institucional machista. Entre los patrones que hemos identificado destacan la imposición de regímenes de visitas con el progenitor agresor, la falta de medidas de protección eficaces o la ausencia de una adecuada valoración del riesgo: «No quisieron escuchar a mi hija. No llegaron los informes y no nos concedieron la orden de alejamiento», relata una de las mujeres que ha compartido su caso a través de nuestro canal.
También observamos una fuerte dimensión interseccional. La discriminación por racismo u origen aparece en el 62,6% de los casos, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes y racializados.
Además, en el 94% de los casos analizamos situaciones en las que las instituciones implicadas obstaculizan o impiden el ejercicio de derechos fundamentales. Las consecuencias son graves: en el 97,7% de los casos se reportan impactos severos en la salud emocional o psicológica de las víctimas.
Lejos de tratarse de hechos aislados, identificamos patrones estructurales que evidencian fallos sistemáticos en la respuesta institucional. Entre ellos, la falta de reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, su exposición continuada a situaciones de violencia o su separación de las madres como mecanismo de control.
El informe se cierra con 45 recomendaciones dirigidas a distintas instituciones. Desde el OVIM reclamamos la aplicación efectiva de la normativa vigente, el reconocimiento de las violencias institucionales machistas y el desarrollo de políticas públicas con perspectiva feminista, interseccional y centrada en las infancias.
Erradicar estas violencias implica transformar las estructuras que las sostienen: garantizar derechos, reparar a las víctimas y situar a niñas, niños y adolescentes en el centro de la respuesta institucional.
