La nueva Recomendación General n.º 41 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) supone un avance en el reconocimiento internacional de las violencias institucionales machistas y refuerza las obligaciones de los Estados para combatir las prácticas discriminatorias y garantizar los derechos de las mujeres.
El Comité de Naciones Unidas ha adoptado en octubre de 2026 la Recomendación General n.º 41, centrada en los estereotipos de género, los prejuicios, la estigmatización y las relaciones desiguales de poder que los sustentan.
La recomendación representa un avance relevante para el reconocimiento de las violencias institucionales machistas, al señalar expresamente que los estereotipos de género reproducidos por operadores judiciales y policiales pueden limitar el acceso de las mujeres a la justicia, generar violencia institucional y provocar revictimización. Asimismo, también se ha fortalecido el análisis interseccional, abordando la discriminación interseccional y hablando de estereotipos interseccionales.
Este reconocimiento desde el marco de Naciones Unidas refuerza una de las principales reivindicaciones que venimos sosteniendo desde el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM): los estereotipos de género se encuentran en decisiones y prácticas institucionales, generando discriminación y vulneraciones de derechos.
Por un lado, dichos estereotipos condicionan la manera en la que las instituciones escuchan, valoran y responden a las mujeres que han vivido o están viviendo una situación de violencia machista. Por otro, estos pueden manifestarse a través de distintas actuaciones que, por acción u omisión, discriminan, dilatan, obstaculizan o impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Ejemplo de ello son los patrones de violencia institucional machista que, gracias al trabajo de observación e incidencia del OVIM, así como a la cantidad de casos anónimos recibidos, hemos podido ir pautando. Destaca castigar a madres protectoras mediante retiradas de custodia utilizando marcos pseudocientíficos, fallar en la asistencia jurídica gratuita o normalizar institucionalmente la falta de imparcialidad en juzgados de violencia machista, según datos del informe anual de violencias institucionales machistas 2025. Dicho informe también nos ha permitido apuntar a la importancia de la mirada interseccional para combatir los estereotipos racistas presentes en las instituciones públicas. En concreto, el 58% de los casos registrados en 2025 que apuntaban al sector judicial señalaban el racismo o el origen como factores discriminatorios que motivan la violencia institucional machista vivida.
La recomendación no se limita a identificar los efectos de los estereotipos de género. También desarrolla las obligaciones de los Estados para prevenir y combatir las prácticas discriminatorias. Entre las medidas señaladas se encuentran la identificación y eliminación de los estereotipos institucionalizados, la revisión de procedimientos y prácticas discriminatorias, el establecimiento de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y la garantía de vías efectivas de reclamación y reparación para las mujeres afectadas. No basta, por tanto, con formar y sensibilizar a profesionales. Es necesario revisar y transformar las estructuras, los procedimientos y las prácticas institucionales que reproducen la discriminación.
Un enfoque que resulta fundamental para avanzar hacia instituciones que actúen con diligencia debida, garantizando el acceso efectivo a los derechos y asumiendo su responsabilidad ante las violencias que producen o reproducen.
Desde el OVIM seguiremos trabajando para que este reconocimiento internacional se traduzca en cambios reales en las políticas públicas, los procedimientos institucionales y las garantías de protección y reparación de nuestros derechos vulnerados.
Referencia: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendación General n.º 41 (2026), especialmente los párrafos 25-31, 54-55 y 67.
| La CEDAW es la convención internacional de las Naciones Unidas que compromete a los Estados a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación que impide que las mujeres gocen de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad. España la ratificó en 1983 y desde entonces, tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para eliminarla y para garantizar que estos los derechos no se queden solo en el papel. |
